EL DIRECTOR MANUEL MENCHACA DEBE DAR EXPLICACIONES
Una vez más, el director de Seguridad Pública Municipal, Manuel Menchaca Flores, se encuentra en el centro de la polémica por el caso del joven conocido como "El Peye", quien perdió la vida durante un operativo policial realizado el pasado 27 de enero en el fraccionamiento Las Américas.
Han pasado varios meses desde aquel hecho que conmocionó a la ciudadanía y, lejos de disiparse las dudas, cada vez surgen más cuestionamientos sobre la actuación de la corporación y de sus mandos.
De acuerdo con la información que ha trascendido, los elementos Óscar Uriel N, Saúl N y Anabel N participaron en el operativo en el que el joven falleció mientras era sometido, antes de ser presentado ante la autoridad competente. Aunque existían versiones de que el ahora occiso presuntamente estaba relacionado con robos y asaltos, esa circunstancia no exime a las autoridades de su obligación de respetar la ley y los derechos humanos. Ningún señalamiento justifica que una persona pierda la vida durante una detención si existía la posibilidad de asegurarla conforme a los protocolos establecidos.
A este caso se suman nuevos señalamientos. Según información y documentación a la que este medio tuvo acceso, se afirma que Manuel Menchaca Flores habría entregado 350 mil pesos a familiares del fallecido como una supuesta reparación del daño. De acuerdo con esa versión, existe un documento presuntamente firmado por el propio director relacionado con dicha entrega. Hasta el momento, las autoridades no han explicado públicamente el origen de esos recursos ni el procedimiento mediante el cual se habría realizado ese pago.
Las preguntas son inevitables: ¿de dónde salieron esos 350 mil pesos?, ¿se trató de recursos públicos o privados?, si fueron recursos del municipio, ¿quién autorizó la erogación?, ¿existió la aprobación del Cabildo o de alguna instancia competente?, ¿bajo qué concepto se justificó ese gasto?
Otro aspecto que también genera preocupación son las versiones que señalan que los policías involucrados en el operativo ya habrían sido reincorporados a sus funciones. Si esto es cierto, la ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué criterios se tomó esa decisión y si las investigaciones correspondientes ya concluyeron.
La confianza en una corporación policiaca se construye con transparencia, rendición de cuentas y apego a la ley, no con silencio ni con dudas. Cuando un caso termina con la muerte de una persona bajo custodia policial, la sociedad merece una investigación imparcial, respuestas claras y, en caso de existir responsabilidades, que se apliquen las sanciones correspondientes.
Hoy más que nunca, el director Manuel Menchaca Flores y las autoridades municipales tienen la obligación de informar a la ciudadanía qué ocurrió realmente en este caso, aclarar el origen de los recursos que presuntamente fueron entregados y demostrar que ninguna actuación de los servidores públicos está por encima de la ley.
