¿Y QUIÉN DEFIENDE AL CIUDADANO ANTE LOS COBROS EXAGERADOS DE LAS GRUAS?
Una vez más, el ciudadano parece quedar en último lugar. Ahora resulta que los cobros exagerados de las grúas deben entenderse como algo normal porque, según el secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez, las empresas realizan diferentes maniobras y, por esa razón, pueden cobrar cantidades que los ciudadanos consideran excesivas.
Si existe un reglamento que establece tarifas y procedimientos, no debería justificarse un cobro que presuntamente está fuera de esas disposiciones simplemente argumentando que las grúas realizan varias maniobras. Si los cobros son legales, que se explique con claridad qué artículo del reglamento los permite, qué tarifa corresponde a cada maniobra y bajo qué fundamento se determina el monto final.
Lo más preocupante es que, en lugar de poner el énfasis en revisar si las empresas están cobrando correctamente, nuevamente pareciera que se busca responsabilizar al ciudadano. Se señala que las personas llegan “bravas” ni que fueran, pero para expresarse así y que por esa actitud no se puede resolver nada.
El ciudadano que reclama porque le están cobrando una cantidad que considera injusta tiene derecho a preguntar, exigir un recibo, conocer la tarifa y solicitar que se le explique el fundamento del cobro. No tiene por qué aceptar una cantidad simplemente porque una empresa de grúas dice que realizó varias maniobras.
También se habría señalado que las empresas de grúas no pueden hacer descuentos. Entonces la pregunta vuelve a ser inevitable: si el Ayuntamiento regula o supervisa este servicio, ¿qué mecanismos existen para evitar abusos y proteger al ciudadano?
Porque si la respuesta termina siendo que las grúas cobran lo que corresponde según sus maniobras, que no pueden hacer descuentos y que además el ciudadano es responsable porque llega molesto a reclamar, entonces ¿quién está del lado del ciudadano?
El problema no es que una persona llegue molesta. El problema sería que existan cobros que no estén claramente sustentados en un reglamento y que, aun así, el ciudadano tenga que pagarlos sin recibir una explicación convincente.
